CAPÍTULO CXVII
El Tribunal Constitucional congela las cuentas catalanas
destinadas a la consulta y advierte al presidente Carles Puigdemont de las responsabilidades
en las que puede incurrir si persiste en su deriva independentista.- El Tribunal de Garantías ha celebrado una
reunión exprés para tratar la impugnación que reclama el Gobierno.- La decisión es por unanimidad, dispone de un
plazo de cinco meses para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.- Carles Puigdemont ya tiene las preguntas del referéndum,
pero dice que España no quiere negociar.-
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dice que la exclusiva
competencia es del Estado español para convocar referéndum, y la violación de
la soberanía nacional que representa la partida.- El apercibimiento se extiende también al
resto del Govern y otros altos cargos económicos, como la Interventora General
de la Generalitat o la Directora de Contratación Pública.- Un total de diecinueva personas recibieron la
providencia en mano y son avisadas de las responsabilidades penales a las que
se enfrentarían si se produce un incumplimiento de los independentistas.-
El recurso gubernamental se refiere contra los apartados
uno y dos de la Disposición Adicional cuarenta de la Ley cuatro de dos mil
diecisiete, de veintiocho de marzo, del Parlamento de Cataluña de presupuestos
de la Generalitat de Cataluña para dos mil diecisiete.- También se refería a las partidas
presupuestarias identificadas bajo la rúbrica ‘’ Procesos electorales y
consultas populares y procesos de participación ciudadana’’.-
Cada ley o pronunciamiento de invención independentista
va teniendo su correspondiente advertencia penal, pero el independentismo le
importa un rábano las disposiciones o
advertencias legales que les envían.- Es
una tradición catalana que viene de antaño, no se sabe si escrita o genética, y
como ahora no se pueden emplazar las baterías, como antaño, frente a la
Generalitat, se divierten a su gusto.
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